La iniciativa busca que el nivel central del Estado asuma las obligaciones que le corresponden por Constitución, permitiendo que las gobernaciones recuperen recursos para invertir en salud, educación, caminos, desarrollo productivo y empleo.
La diputada Karina Liebers Cáceres, con el respaldo de la Brigada Parlamentaria de Tarija, impulsa el Proyecto de Ley N.º 436/2025-2026, denominado “Ley de Retorno Económico”, una propuesta que beneficiará a los nueve gobiernos autónomos departamentales al liberar recursos que hoy son destinados al financiamiento de obligaciones que corresponden al nivel central del Estado.
La iniciativa plantea derogar el inciso a) del parágrafo I del artículo 47 de la Ley N.º 2042 de Administración Presupuestaria, disposición que durante más de veinte años ha obligado a las gobernaciones a cubrir con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) gastos como el Bono de Vacunación, el prediario y el funcionamiento del Régimen Penitenciario, entre otras responsabilidades que no forman parte de sus competencias.
“La Ley de Retorno Económico” nace en un momento en que las gobernaciones enfrentan una profunda crisis financiera, agravada por la reducción de los ingresos provenientes del sector hidrocarburífero y el incremento permanente de sus obligaciones. Solo en la gestión 2025, estas erogaciones representaron aproximadamente 33,5 millones de bolivianos para Cochabamba, 13,5 millones para Potosí, 12,9 millones para Tarija y 11,5 millones para Beni, además del impacto que generan en el resto de los departamentos.
La diputada Liebers explicó que la propuesta no elimina programas ni beneficios para la población. Por el contrario, busca que cada nivel de gobierno financie las competencias que la Constitución Política del Estado le asigna, fortaleciendo el régimen autonómico y garantizando una administración más justa y eficiente de los recursos públicos.
La aprobación de esta norma permitirá que las gobernaciones reasignen esos recursos a áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura vial, desarrollo productivo, riego, atención de emergencias y generación de empleo, fortaleciendo su capacidad de respuesta frente a las necesidades de la ciudadanía.
Asimismo, la legisladora expresó su preocupación por los intentos de actores externos de modificar el contenido y el espíritu del proyecto, pese a que la iniciativa fue construida para ofrecer una solución estructural a la crisis financiera que atraviesan las gobernaciones del país.
“Lo que proponemos es devolver a las regiones los recursos que necesitan para cumplir con sus competencias y atender a la población. Esta es una ley para fortalecer las autonomías y garantizar que cada nivel de gobierno asuma las responsabilidades que le corresponden”, sostuvo la parlamentaria.
La Ley de Retorno Económico se perfila como una de las iniciativas legislativas más importantes para fortalecer la sostenibilidad financiera de las gobernaciones, preservar el equilibrio fiscal y promover una distribución más eficiente de los recursos públicos en beneficio de todos los bolivianos.