El Gobierno reconoció que ejecutar la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales podría implicar un alto riesgo para la vida de las personas; sin embargo, aseguró que el mandamiento judicial será cumplido cuando existan las condiciones necesarias para preservar la seguridad de la población y de los efectivos policiales.
El vocero presidencial José Luis Gálvez señaló que el Ejecutivo es consciente de la complejidad de un eventual operativo en el Trópico de Cochabamba, donde Morales permanece junto a sus seguidores. En ese contexto, afirmó que el Gobierno busca evitar un enfrentamiento que pueda derivar en pérdidas humanas, aunque remarcó que la orden de aprehensión continúa vigente y debe ser ejecutada.
Evo Morales mantiene una orden de aprehensión dentro de un proceso por trata de personas. La Fiscalía General del Estado ratificó recientemente que la acusación formal y el mandamiento de captura continúan vigentes, por lo que corresponde a la Policía hacer efectiva esta disposición judicial.
En anteriores ocasiones, el expresidente desafió públicamente al Gobierno a detenerlo en el Trópico de Cochabamba y advirtió que un eventual operativo podría dejar personas fallecidas, responsabilizando al Ejecutivo por cualquier enfrentamiento que pudiera ocurrir.
Pese a reconocer los riesgos, Gálvez reiteró que el Gobierno no desistirá de cumplir la orden judicial y afirmó que se busca resolver la situación dentro del marco de la ley, evitando hechos de violencia.