Tras una serie de irregularidades, una fuga del acusado y su posterior extradición, esta semana concluyó el juicio oral contra Juan García Condori (47), quien fue sentenciado a 30 años de prisión al ser hallado culpable del feminicidio de Andrea Ventura Montero (28). El cuerpo de la víctima fue encontrado en diciembre de 2022 en la zona de Tolomosa.
La joven había sido reportada como desaparecida durante varios meses antes del hallazgo de sus restos, lo que mantuvo el caso en investigación durante un largo periodo hasta confirmar su identidad.
Según los antecedentes, Juan y Andrea eran pareja y convivían con sus dos hijos menores en San Lucas, Chuquisaca, hasta abril de 2022. Ella decidió separarse tras sufrir infidelidad, agresiones físicas y psicológicas durante la relación.
Luego de la separación, Andrea se trasladó a Tarija, donde trabajaba como comerciante en el Mercado Campesino y además estudiaba Contaduría en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS). Sin embargo, el sindicado la habría perseguido y, a fines de mayo, la habría obligado a retomar contacto con él. Después de eso, la familia perdió toda comunicación con ella.
Tras varios días sin noticias, sus familiares viajaron desde San Lucas para denunciar su desaparición. La búsqueda se extendió hasta el 5 de diciembre, cuando la Policía y la Fiscalía realizaron el levantamiento de un cadáver en Tolomosa, aunque por el estado de descomposición las pericias se retrasaron.
Recién a inicios de mayo, los resultados de ADN confirmaron que el cuerpo correspondía a Andrea Ventura y que la causa de muerte fue asfixia, lo que consolidó la tipificación del caso como feminicidio.
Desde el inicio de la investigación, las sospechas apuntaron a Juan García. En un primer momento fue procesado por trata y tráfico y permanecía con detención domiciliaria. Sin embargo, con el hallazgo del cuerpo, el delito fue cambiado a feminicidio.
La Fiscalía y la FELCV solicitaron su detención preventiva, pero antes de que se ejecute la medida, el acusado se dio a la fuga con presunta ayuda de su custodio y otra persona.
Su paradero permaneció desconocido hasta 2025, cuando fue ubicado en Argentina. Desde allí se gestionó su extradición, que se concretó en marzo de este año, permitiendo finalmente que enfrente juicio en Bolivia.
En la audiencia, el tribunal valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía y dictó la pena máxima de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, cerrando así el proceso judicial.
El País Tarija