Los maestros urbanos acatarán este lunes 11 de mayo un paro nacional de 24 horas, dejando sin clases a colegios fiscales y de convenio en todo el país. La decisión fue asumida por los 31 ejecutivos del magisterio urbano, quienes además confirmaron su participación en el diálogo convocado por el Gobierno para el martes 12 en Cochabamba.
“El lunes los colegios fiscales y de convenio no tienen clases porque los maestros vamos a estar en una asamblea (…) hemos decidido que vamos a asistir al diálogo”, afirmó el dirigente Lorenzo Chávez, marcando una postura de presión pero también de apertura.
Durante la jornada, los maestros participarán en una asamblea masiva con más de 4.000 educadores, además de movilizaciones, vigilias y una toma pacífica de la Dirección Departamental de Educación, como parte de sus medidas.
El sector espera que el diálogo permita avanzar en demandas clave como la creación de ítems, migración de horas, mayor inversión en infraestructura, equipamiento y laboratorios, además de la reposición del poder adquisitivo de los salarios.
También exigen participar en la construcción de una nueva ley educativa, junto a maestros, padres y otros actores, y reiteraron su rechazo a la municipalización de la educación, argumentando que las alcaldías no tienen capacidad para asumir esa responsabilidad.
Asimismo, piden garantías sobre el respeto al escalafón docente, solicitando que el Gobierno formalice por escrito su compromiso de no modificar estas normas que rigen la carrera profesional.
Chávez defendió las movilizaciones señalando que buscan mejorar tanto las condiciones laborales como la calidad educativa. “Si nosotros los maestros no exigiéramos, ya le cuento, estuviera peor la educación. Estuviera peor. Así que estamos nosotros en esa lucha. Y tampoco abandonamos nuestras aulas. Solo mañana vamos a hacer el paro”, sostuvo.
En el ámbito rural, la situación es distinta. La dirigencia nacional desconoció los paros y bloqueos convocados por algunos sectores, calificándolos de “ilegítimos” y señalando que responden a grupos no reconocidos.
Sin embargo, advirtieron que podrían asumir medidas de presión en caso de no ser atendidas sus demandas, relacionadas con incremento salarial, costo de vida y mejores condiciones para la educación rural.
Finalmente, la Junta de Padres de Familia expresó su preocupación por la suspensión de clases, advirtiendo que estas medidas afectan el derecho a la educación y exhortando a priorizar el diálogo para evitar mayores perjuicios.