Una fuerte tormenta se cierne sobre el panorama legislativo boliviano. El proyecto de Ley PL-528/2024-2025, que crea el Fondo Productivo Lácteo «Leche para Crecer», ha encontrado oposición en el departamento de Tarija, donde los productores e industriales de vino y singani ven la iniciativa como una sentencia lapidaria disfrazada de desarrollo.
La norma, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en una sesión marcada por las denuncias de irregularidades, pretende fortalecer la cadena productiva de la leche. Sin embargo, su mecanismo de financiamiento ha encendido las alarmas: una «Retención por Comercialización e Importación de Bebidas Alcohólicas – RCIBA» que grava con 0,40 Bs por litro a vinos y singani, y con 1,30 Bs a otras bebidas espirituosas.
La Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV) y la Asociación Nacional de Productores Vitivinícolas (Anavit) han alzado su voz en un pronunciamiento conjunto de rechazo. Su pedido ya está en manos de la Cámara de Senadores y frenar este proyecto.
El vocero de Anavit, José Luis Sánchez, cuestionó la iniciativa. «Esto ya es el colmo, financiar a través de la producción de vinos y singanis el consumo lácteo. ¿Qué han hecho para fomentar el consumo lácteo en todo este tiempo? Absolutamente nada, pero ahora resulta que es fácil aplicar este impuesto al vino y singani para financiar el consumo de leche», criticó.
Sánchez fue más allá y lanzó un desafío al oficialismo: «¿Por qué no están cobrando un impuesto a los productores de coca del país que en estos últimos meses han incrementado el precio de este producto? ¿Por qué no financian con eso? Van a ver cuánto van a mejorar la producción láctea en el país».
El representante alertó sobre el impacto real de la medida, ya que los más perjudicados no serán necesariamente las grandes industrias, que podrían trasladar el costo al consumidor, sino los viticultores, los productores de uva en el campo, que se verán obligados a absorber los costos al no poder subir el precio de su materia prima.
La reacción no se ha hecho esperar en el gremio empresarial. La Federación Departamental de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) ha resuelto declararse en estado de emergencia en rechazo a la norma.
En un comunicado, el presidente de la FEPT, Franz Molina, tildó la ley de «un impuesto disfrazado que castiga el corazón productivo del sur del país» y advirtió que su impacto sería «devastador». Cuestionaron la oportunidad de la medida.
“Resulta incomprensible que a pocos meses del cambio de gobierno se adopten medidas que golpean a la producción nacional en vez de fortalecerlas”, cuestionó.
Lamentó que se pretenda castigar a un sector que produce y apuesta por la economía del país. Mencionó que el rubro vitivinícola beneficia a más de 17.000 familias, genera trabajo digno, turismo y es motivo de orgullo nacional. Sin embargo, ahora se pretende ir en contra del singani, bebida boliviana y embajadora del país.
“Esta ley contradice toda lógica de desarrollo, no se puede levantar un sector destruyendo a otro, además contradice a la Ley 774 de Promoción y Apoyo al sector Vitivinícola que buscaba justamente fortalecer esta industria de origen nacional”, puntualizó.
Molina dejó en claro que no se oponen al apoyo del sector lechero, sino que lo respaldan, pero que no se lo haga a costa del sacrificio de quienes ya producen con esfuerzo en medio de la crisis y el contrabando.
La polémica también ha llegado a los curules del Senado. La senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Nely Gallo, confirmó las denuncias sobre el turbio procedimiento en la Cámara Baja. «Este proyecto ha sido aprobado en la Cámara de Diputados con muchas irregularidades», advirtió, comprometiéndose a que desde el Senado se busque una socialización «más amplia con todos los sectores».
Gallo puso el dedo en la llaga de la desconfianza ciudadana hacia estos fondos especiales. Recordó que iniciativas similares en el pasado crearon retenciones a otros sectores, pero el destino final de los recursos es un misterio. «Se desconoce cuál ha sido su destino, es más, beneficiaron de manera mínima al sector como el lechero», afirmó, insinuando que el «Fondo Leche para Crecer» podría correr la misma suerte.
El vocero de Anavit, José Luis Sánchez y la diputada por CC, Nely Gallo, han coincidido al mencionar que este tipo de normativa que intentan ser aprobada “a la carrera” ni siquiera deberían ser tratadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sino dejarlas ya para las nuevas autoridades que asumirán a partir del 8 de noviembre, para que ejecuten un análisis técnico consensuado, transparente con los actores involucrados.
Sobre el reclamo de exigir impuestos a la producción de coca, Gallo reconoció que los cocaleros mueven ingentes cantidades de recursos, empero, evitó ahondar en detalle si es que se les debería exigir gravámenes.
El Pais