Un nuevo giro judicial en la investigación contra el expresidente Evo Morales. El juez Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dejó sin efecto la resolución emitida por la jueza de Santa Cruz Lilian Moreno, quien había anulado la orden de aprehensión contra Morales, investigado por un caso de presunta trata de personas con agravante.
La determinación se da en respuesta a una acción de libertad presentada por la presunta víctima, lo que motivó al juez Zabaleta a emitir una medida cautelar que suspende temporalmente la ejecución de toda resolución adoptada por Moreno.
Esta nueva decisión implica mantener vigente la orden de aprehensión contra Morales.
El juez paceño otorgó un plazo de tres días para que tanto la jueza Lilian Moreno como el juez Nelson Alberto Rocabado Romero presenten un informe detallado sobre los términos de la queja interpuesta.
“Se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada, entre tanto no se resuelva la presente Queja”, señala el documento judicial.
Este nuevo pronunciamiento del Tribunal de La Paz resta validez a la determinación de la jueza cruceña y fortalece el proceso judicial en curso contra Morales, en tanto se esclarecen las competencias jurisdiccionales y se investiga el accionar de las autoridades que intervinieron en la controvertida resolución.
Además, la medida judicial mantiene en suspenso cualquier intento por cerrar o trasladar el caso, mientras se dirime el conflicto de competencias entre tribunales y se garantiza, según palabras del propio juez Zabaleta, “el respeto al debido proceso y los derechos de las víctimas”.
Este fallo se suma a la creciente polémica en torno a la actuación de la jueza Moreno, quien trabajó en instituciones estatales durante el gobierno de Morales y fue cuestionada por presunta falta de imparcialidad al emitir su fallo. El Consejo de la Magistratura ya anunció una investigación en su contra por presuntas irregularidades.
La polémica se desató luego de que la jueza Moreno anulara la orden de aprehensión contra Morales, medida que generó fuertes reacciones desde el Órgano Ejecutivo y fue calificada por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, como una “payasada judicial”.
El Deber