El ministro de Justicia y Transparencia, César Siles, anunció que el Gobierno presentará una nueva denuncia penal contra Evo Morales ante la Fiscalía, por los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y otras figuras penales, tras la difusión de un audio que, según el Ejecutivo, vincula al exmandatario con instrucciones para bloquear accesos a varias ciudades del país.
La acción legal será interpuesta a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y también incluirá a otros actores que —según Siles— estarían promoviendo hechos destinados a generar convulsión social.
La denuncia se da en medio de las movilizaciones encabezadas por sectores sociales afines a Morales, que ya llevan tres jornadas consecutivas en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y la habilitación del líder cocalero como candidato para las elecciones generales previstas para el 17 de agosto.
“El proceso penal será por terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, interrumpir la labor de los servicios públicos y obstaculización de procesos electorales”, detalló el ministro.
Uno de los elementos que impulsó la decisión gubernamental fue un audio en el que se escucha una conversación entre Morales y un dirigente, donde, aparentemente, se instruye el cierre de accesos hacia la sede de Gobierno y otras ciudades.
“La decisión que ha tomado Evo Morales de cercar y bloquear otras ciudades lo único que pretende es habilitar una candidatura a la cual no está habilitado constitucionalmente, jurisprudencialmente”, sostuvo Siles.
Desde el Ministerio de Gobierno, Roberto Ríos calificó al exmandatario como un “personaje oscuro” y aseguró que su objetivo no solo es interferir en el proceso electoral, sino también “matar la economía” a través de los bloqueos.
Según Siles, las recientes advertencias del exmandatario evidencian su “verdadera cara” y su intención de “gestar un golpe de Estado, anular las elecciones generales y buscar hambre y muerte por su candidatura”.
“El objetivo de Evo Morales al promover bloqueos y cercos es forzar una candidatura prohibida legal y constitucionalmente por el artículo 168 de la Constitución Política del Estado”, afirmó.
Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, sostuvo que las acciones impulsadas por Morales responden a una “ambición enfermiza de poder” y reiteró que su habilitación como candidato sería “inconstitucional”.