La Gobernación de Tarija confirmó que no realizará el pago del denominado “bono vacunación”, beneficio social que debía cancelarse el 6 de julio. La medida ha generado reclamos por parte de trabajadores en salud, quienes sostienen que se trata de un derecho adquirido desde hace más de tres décadas.
Más de 1.600 funcionarios afiliados a 14 sindicatos demandan el cumplimiento de este beneficio, al considerarlo una forma de compensación por su labor en el sistema público, especialmente en momentos críticos como la pandemia. También advierten que acudirán a instancias legales si la Gobernación mantiene su negativa.
Las autoridades departamentales señalaron que el pago del bono implicaría un gasto de 8 millones de bolivianos, lo que representa el 40% del presupuesto mensual de Tarija. Indican que priorizar este desembolso pondría en riesgo otros programas sociales, como las canastas alimentarias para adultos mayores y personas con discapacidad.
Desde la Gobernación sostienen que el pago del bono debería ser asumido por el Gobierno nacional, al tratarse de una medida vinculada a políticas de salud pública.
Consideran que el sector salud debe reconocer las limitaciones presupuestarias que enfrenta el departamento y comprender que no es posible atender todas las demandas con los recursos actuales.