La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz concedió una acción de tutela a favor del ministro Óscar Mario Justiniano y su hermano, tras establecer que sus derechos a la privacidad y a la reputación fueron vulnerados por declaraciones emitidas por el vicepresidente Edmand Lara.
El fallo dispone obligaciones concretas que deberán ser cumplidas tanto por Lara como por la Vicepresidencia del Estado. Entre las principales determinaciones, la Sala ordena:
Eliminar todas las publicaciones que contengan declaraciones en contra de los accionantes.
Abrir la vía legal correspondiente, fuera de la jurisdicción constitucional, para que los afectados puedan reclamar daño moral o afectación a su reputación, según determinen.
Oficiar a las plataformas digitales para la eliminación de las cuentas desde las cuales se difundieron las declaraciones cuestionadas.
Exhortar a la Vicepresidencia a implementar un protocolo de emisión de información y declaraciones públicas por parte de sus funcionarios.
Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional a viabilizar un protocolo similar para regular las declaraciones de sus integrantes.
La decisión judicial recalca que el vicepresidente y la institución que representa tienen la obligación de garantizar que sus declaraciones públicas respeten la privacidad y la reputación de los funcionarios, y establece mecanismos preventivos claros para evitar futuras vulneraciones de derechos fundamentales.