Reportes desde la zona fronteriza entre Bolivia y Perú indican que, tras la eliminación de la subvención a los combustibles dispuesta por el Gobierno boliviano, se está presentando escasez y presión en el suministro de carburantes del lado peruano, generando filas y preocupación entre conductores y comerciantes.
La eliminación de los subsidios, que llevó a un aumento significativo de los precios del diésel y la gasolina en Bolivia —pasando de valores fuertemente controlados a precios más alineados con los mercados internacionales— ha sido una de las medidas económicas centrales del presidente Rodrigo Paz para frenar el contrabando y estabilizar las finanzas públicas.
Autoridades bolivianas informan que, tras la eliminación de la subvención, la importación de combustibles se redujo en alrededor del 30%, señalando que una parte importante del carburante importado anteriormente se desviaba ilegalmente al contrabando hacia países vecinos como Perú.
Del lado peruano, en localidades cercanas a la frontera como Desaguadero o puntos de paso no habilitados, usuarios han reportado filas más largas y dificultades para abastecerse de diésel y gasolina, en medio de una reconfiguración del comercio de combustibles en la región. Esto ocurre en un contexto donde el contrabando de carburantes ha sido históricamente intenso por las diferencias de precio entre Bolivia y sus vecinos, con Perú como uno de los principales destinos del combustible subsidiado que se intentaba sacar del país.
El cambio en el mapa del combustible refleja un punto de transición tras décadas de subsidios, con efectos que no solo afectan al mercado interno boliviano, sino también a las economías y al abastecimiento en zonas fronterizas.