El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que cuatro personas fueron enviadas a distintos recintos penitenciarios con detención preventiva, en el marco de la investigación por los hechos violentos ocurridos el 10 y 11 de junio en el municipio de Llallagua, departamento de Potosí.
Se trata de Germán Z. V., Guillermina C., Samuel J. Ch. y Galo J. Ch., a quienes se atribuye, con probabilidad, la comisión de los delitos de lesiones graves y leves, tentativa de homicidio y asociación delictuosa. El Juzgado de Instrucción Penal N°1 de Llallagua determinó que los tres primeros cumplan la medida en la cárcel de San Miguel de Uncía, mientras que Galo J. Ch. fue enviado al penal de San Pedro, en la ciudad de Oruro.
“En las últimas horas se ejecutaron cuatro mandamientos de aprehensión para quienes, en audiencia de medidas cautelares, se ha dispuesto la detención preventiva. A la fecha se tiene un total de 25 personas detenidas preventivamente, de las cuales siete son menores de edad y una persona con detención domiciliaria”, señaló Mariaca.
El fiscal general agregó que aún restan diligencias por desarrollar. “Quedan pendientes actos investigativos a realizar en coordinación con la Policía Boliviana, para la identificación de otros posibles autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores”, añadió.
En el marco de las pesquisas, la comisión de fiscales ejecutó diez allanamientos en diferentes inmuebles del municipio de Llallagua, en coordinación con la Policía Boliviana. Durante los operativos se incautaron proyectiles de arma de fuego, explosivos, dinero y documentación, elementos que fueron registrados en el Ecosistema ROMA como indicios relevantes para la investigación.
Según los antecedentes del caso, los días 10 y 11 de junio un grupo numeroso de personas, identificadas como parte de ayllus, luego de instalar bloqueos en las carreteras, ingresó a la ciudad de Llallagua. Allí protagonizaron ataques con dinamitas, piedras y hondas, que derivaron en enfrentamientos con la población, saqueo de oficinas policiales y daños a propiedades privadas.