Tras la promulgación de la Ley 3058 de Hidrocarburos en mayo de 2005, que introdujo el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que gravó con un 32% a la producción de gas y petróleo bolivianos, nuestro país exhibió uno de los procesos de reducción de pobreza más consistentes de la región.
En mayo de 2006, al decretarse la tercera nacionalización de los Hidrocarburos que, además, coincidió con un sostenido incremento del precio del gas de exportación, los ingresos por ese concepto y el de la minería, también creciente, reforzaron ese proceso de reducción de pobreza, pese a que el decreto nacionalizador duró solo seis meses (mayo a octubre de 2006).
Pero entre 2017 y 2018 ese ciclo se fue cerrando rápidamente. El anodino y, según sus críticos, corrupto gobierno de Luis Arce Catacora, extendido sin objeto por los cinco años para los que fue electo, pese a la crisis que se manifestó desde marzo de 2023 con la falta de divisas para el funcionamiento regular de la economía, aceleró el cierre de ese ciclo y se empezó a sentir el efecto inverso: un empobrecimiento rápido de miles de hogares. El cambio de gobierno en noviembre de 2025, con el juramento de Rodrigo Paz Pereira, aceleró ese rumbo empobrecedor.
Los resultados de la Encuesta de Hogares (EH) 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirman el extenuante proceso: cientos de miles de hogares volvieron a caer por debajo de la línea de pobreza en apenas doce meses, en uno de los deterioros sociales más pronunciados registrados en el país en las últimas dos décadas.
El salto que preocupa a los analistas
Según los datos oficiales del INE, la incidencia de pobreza llegó al 44,7% de la población en 2025, unos 5,35 millones de personas, frente al 38,1% de 2024. El incremento es de 6,6 puntos porcentuales en un solo año, unos 807 mil bolivianos adicionales por debajo de la línea de pobreza, tal como planteó el analista Omar Velasco Portillo y confirman las cifras del propio instituto —cabe mencionar que el aumento de 6,6 puntos se obtiene restando 44,7% de 2025 del 38,1% de 2024, ya que en el propio informe del INE aparece la cifra 47,7% en párrafos de texto, lo que puede considerarse un error tipográfico que no coincide con el incremento que ellos mismos declaran—. La pobreza extrema, la que refleja la incapacidad de cubrir siquiera la alimentación mínima, pasó de 12,8% a 16,7%, un salto de 3,9 puntos entre los más agudos de la serie disponible.
Por área de residencia, la pobreza alcanzó el 38,8% en las ciudades y el 58,1% en el campo. El nivel absoluto sigue siendo mayor en el área rural, como ha ocurrido históricamente, pero lo que más preocupa a los especialistas no es el nivel sino el ritmo de deterioro: la pobreza urbana subió 7,4 puntos frente a 4,8 en el área rural, de modo que la brecha entre ambas se redujo de 21,9 a 19,3 puntos en dos años, lo que rompe con el patrón tradicional de una pobreza concentrada casi exclusivamente en el campo. La pobreza, en otras palabras, se está urbanizando.
El deterioro coincide con el peor año inflacionario del siglo: el IPC general cerró 2025 en 20,4% acumulado, frente a 9,97% en 2024, y ya en julio la inflación acumulada llegaba a 16,92%, la más alta desde 1987.
No solo hay más pobres: los pobres son más pobres
Un segundo hallazgo, menos difundido, pero igual de relevante, es que la intensidad de la pobreza también se agravó. La brecha de pobreza nacional —qué tan lejos están los ingresos de los hogares pobres de la línea de pobreza— subió de 14,2% a 17,6%, y en las ciudades el salto fue mayor: de 9,8% a 13,7%. La severidad, que pondera más a quienes están en peor situación, avanzó de 7,5% a 9,5% a nivel nacional. No solo creció el número de pobres: quienes ya lo eran se alejaron todavía más de superar esa condición.
La pobreza tiene rostro de mujer
El golpe también tiene un rostro específico. La incidencia aumentó con mayor intensidad entre las mujeres —el índice de feminidad llega a 118,6 en las ciudades— y afectó con particular dureza a niños y jóvenes, los grupos con mayor dependencia económica. En términos étnicos, el incremento relativo de la pobreza fue mayor entre la población mestiza, criolla y blanca que entre la población indígena, un giro respecto a los patrones históricos. La educación dejó de operar como escudo: la cobertura de salud, usada como indicador de formalidad laboral, muestra que quienes tienen educación superior son hoy los que menos cobertura tienen, señal de precarización incluso entre profesionales.
Santa Cruz, Beni, Tarija, Cochabamba y Oruro: la crisis llega a los polos de crecimiento
El mapa departamental confirma que ya no es un fenómeno confinado a las regiones históricamente rezagadas. Oruro registra el mayor deterioro del país, con un salto de 17,2 puntos que lo lleva a 53,8% de incidencia, apenas un punto por debajo de Potosí (54,8%), el departamento tradicionalmente más pobre. Ese departamento minero, de clase media relativamente estable, converge así con el extremo más golpeado del mapa boliviano.
Detrás de Oruro aparecen incrementos igual de severos en Beni, Cochabamba y Tarija, todos con subidas de entre 8 y 10 puntos. El caso de Cochabamba, el tercer departamento más poblado, es de los menos comentados hasta ahora: su incidencia trepó a 44,3%, un salto de 8,2 puntos que lo acerca a La Paz (51,7%) y supera a Beni y Tarija. Santa Cruz, con la incidencia más baja del país (32,8%), tampoco es excepción: su incremento de 7,3 puntos en un año alarma al principal motor económico de Bolivia.
En materia de pobreza extrema, los departamentos por encima del promedio nacional son Potosí (33,4%), Chuquisaca (23,5%) y La Paz (19,7%), según el propio informe del INE.
La paradoja del ingreso y la desigualdad que migra a la ciudad
Los propios datos del INE contienen una anomalía. Entre 2023 y 2025, el ingreso promedio nacional subió 17,3%, de Bs 4.836 a Bs 5.672, mientras la pobreza aumentó 8,2 puntos. Esa combinación solo es posible si la inflación real erosionó ese ingreso más de lo que asume la encuesta, si la desigualdad se profundizó, o ambas cosas. El Gini ofrece una pista: mientras la desigualdad rural bajó levemente en 2025, la urbana subió de 0,37 a 0,393, el nivel más alto del período, confirmando que también se desplaza hacia las ciudades.
A ese cuadro se suma el deterioro del empleo formal: la proporción de trabajadores dependientes en áreas urbanas, que había llegado a 51,1% en 2024, cayó a 47,8% en 2025, una señal de destrucción de empleo de calidad. Los bonos estatales, que representan cerca de 7% del ingreso rural y 4,6% del urbano, funcionan hoy como el principal colchón frente a una caída aún mayor.
El “colchón” estadístico que podría ocultar una crisis mayor
Existe además un debate metodológico a considerar. Según Velasco, la línea de pobreza monetaria —el ingreso mínimo de referencia para no ser considerado pobre— fue actualizada en cerca de 27% para 2025, un ajuste que luciría conservador frente a una inflación de alimentos que, según el mismo analista, se mantuvo varios meses por encima del 30%, acercándose a 40% en algunos meses.
Los datos oficiales del IPC respaldan esa lectura: el INE confirmó que 2025 cerró con una inflación acumulada de 20,40%, la más alta registrada en Bolivia en lo que va del siglo XXI, muy por encima de la meta oficial de 7,5% que había proyectado el gobierno saliente de Arce Catacora. Solo hasta julio de 2025 —mes en que se levantó la encuesta de hogares— la inflación acumulada ya llegaba a 16,92%, con rubros de alimentos y transporte entre los de mayor incidencia. Tal la calidad de los cálculos del ex presidente economista que, además, fue ministro de Economía durante los casi 15 años del gobierno de Evo Morales y García Linera.
El instituto ajusta la línea de pobreza con el índice de precios general, no con el de alimentos, de modo que si la inflación alimentaria corre más rápido que la general el ajuste subestima el costo real de la canasta básica. Recalculando la línea con la inflación de alimentos —que en los doce meses a junio de 2025 llegó a 31,48%, según el propio INE—, la pobreza moderada treparía de 44,7% a cerca de 49%, mientras la extrema podría acercarse al 23%, según estimaciones que ajustan el supuesto de crecimiento del ingreso familiar per cápita (12% en la encuesta oficial) al dato real que registra la Encuesta Continua de Empleo, más cercano a 9,5%. Bajo ese escenario alternativo, la pobreza moderada superaría el 50% de la población y la extrema rondaría el 25%, un nivel que Bolivia no veía en muchos años.
Una nueva geografía de la pobreza, y lo peor podría no haber llegado
El patrón que emerge de estos datos es el de una pobreza que ya no es predominantemente rural, sino que avanza sobre los centros urbanos, donde vive la mayoría de la población boliviana. Detrás de ese giro están el deterioro del empleo asalariado, la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, el encarecimiento sostenido de la canasta básica y las dificultades para producir y comerciar por la escasez de insumos, dólares y combustible. Sectores que hace pocos años se consideraban clase media urbana e informal hoy enfrentan una realidad muy distinta, aunque muchos todavía no lo perciban así.
Hay una advertencia adicional: la Encuesta de Hogares 2025 no alcanza a capturar el alza de los combustibles de diciembre de 2025, ni el impacto del ajuste fiscal en marcha desde el cambio de gobierno, ni las consecuencias de la reciente devaluación del boliviano. Todo indica que el deterioro medido hasta ahora podría ser apenas el primer capítulo de un empobrecimiento más amplio.
El desafío que no se sabe aún quién enfrentará
El reto de política pública que dejan estos números es claro: cualquier ajuste macroeconómico que busque corregir los desequilibrios fiscales y cambiarios del país corre el riesgo de acelerar el vaciamiento de la clase media si no viene acompañado de mecanismos de compensación y alivio para los hogares más golpeados. Como advierten distintos análisis económicos sobre el actual proceso de ajuste, los desequilibrios contables no pueden terminar resolviéndose a costa de un mayor deterioro social. La discusión, en el fondo, ya no es solo sobre cómo estabilizar la economía, sino sobre a quién le toca pagar el costo de esa estabilización.
El actual gobierno de Paz Pereira, que nuevamente muestra síntomas de temblores internos, cambios de ministros, agotamiento de pactos partidarios y, sobre todo una consumada pérdida de legitimidad por la diferencia entre sus promesas electorales y sus actos de gobierno, apuesta (o distrae) por medidas liberales que incluyen privatizaciones, subidas de tarifas de servicios como la electricidad, los carburantes y otros, pese a haber enfrentado un paro con bloqueos de carreteras protagonizados justamente por poblaciones urbanas y rurales afectadas por la crisis ahora cuantificada por los datos de esa encuesta.
En este contexto y coyuntura, cuando la crisis arrecia, se vuelven a escuchar exigencias de renuncia o cambio de rumbo.
La serie 2021-2025 sigue siendo comparable
La comparación entre las cinco últimas Encuestas de Hogares del INE (2021-2025) es metodológicamente sólida, aunque exige algunos matices importantes. La documentación técnica del Archivo Nacional de Datos muestra que el tamaño de la muestra se mantuvo estable durante el período: entre 12.500 y 12.850 viviendas y entre 39.500 y 42.100 personas cada año, sin cambios bruscos en el diseño muestral que expliquen el salto de pobreza registrado en 2025.
Los indicadores de pobreza, incidencia, brecha y severidad, se calculan con la misma fórmula desde 2021, a partir de la línea de pobreza y del ingreso per cápita del hogar, lo que respalda su comparabilidad año tras año. Las cifras citadas corresponden a las tablas oficiales del INE, no a estimaciones de terceros, salvo cuando se indica lo contrario.
Población revisada
El Censo 2024 reveló casi un millón menos de habitantes que la proyección oficial anterior.
Sin embargo, la tasa de no respuesta casi se triplicó, de 0,87% en 2021 a 2,6% en 2025, la más alta de la serie, reflejo probable de las mismas dificultades de combustible y movilidad que documenta la propia encuesta. Además, la base poblacional usada para expandir los resultados de 2025 es menor que la de 2024, porque el Censo de Población y Vivienda 2024 redujo la proyección oficial en casi un millón de habitantes.
Esto no afecta los porcentajes de pobreza, pero sí las cifras absolutas que suelen difundirse. También cambió, en 2025, el listado de referencia para la autoidentificación étnica, alineado con el Censo 2024, lo que aconseja prudencia al comparar resultados étnicos entre años. En síntesis: la tendencia general es real, pero cada cifra absoluta merece revisarse contra su base exacta.
El País Tarija