El nuevo ministro de Trabajo, William Bascopé, vuelve al centro del debate político tras reactivarse su propuesta conocida como “Ley Antibloqueos”, iniciativa que plantea sanciones penales contra los bloqueos de carreteras.
La propuesta fue presentada originalmente en enero de 2024, cuando aún ejercía como abogado constitucionalista. En ese entonces, planteó penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes organicen, ejecuten, financien o participen en bloqueos, en el marco de conflictos sociales que afectaban rutas del país.
El proyecto también incluía sanciones para dirigentes sindicales, sociales o políticos vinculados a la convocatoria de protestas, lo que amplió el alcance de la polémica al responsabilizar no solo a los participantes directos, sino también a los organizadores.
Bascopé defendió en su momento que el derecho a la protesta no puede implicar la afectación del libre tránsito ni el perjuicio a terceros, en medio de coyunturas marcadas por bloqueos prolongados y problemas de abastecimiento.
La iniciativa, sin embargo, fue duramente cuestionada por organizaciones sociales y sectores sindicales, que advirtieron que se trataba de un intento de criminalizar la protesta social y limitar formas históricas de presión en Bolivia.
Aunque la propuesta no llegó a ser aprobada como ley, su contenido vuelve a generar reacciones ahora que Bascopé asume la conducción del Ministerio de Trabajo, una cartera estrechamente vinculada a organizaciones obreras y conflictos laborales.
Sectores críticos advierten que su designación reabre el debate sobre el manejo de las protestas sociales y el rol del Estado frente a medidas de presión como los bloqueos, en un contexto de nuevas tensiones en distintas regiones del país.