El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Damián Castillo, advirtió que la situación económica del departamento será aún más complicada el próximo año, debido a la falta de recursos que afecta directamente al funcionamiento del ente legislativo.
Castillo explicó que, pese a los intentos por reducir el número de asambleístas para disminuir el gasto público, no se logró avanzar en esa propuesta. En consecuencia, la próxima gestión legislativa contará con el mismo número de legisladores, pero sin el respaldo logístico necesario para cumplir sus funciones.
La falta de recursos económicos limita principalmente el trabajo de fiscalización, sobre todo en provincias, ya que no se cuenta con presupuesto para combustible ni para apoyo técnico. Según detalló, los fondos transferidos a la Asamblea no alcanzan ni siquiera para cubrir los gastos de funcionamiento.
La ALDT cerrará la gestión con deudas pendientes con proveedores y contratos con medios de comunicación, que ascienden a alrededor de medio millón de bolivianos. A esto se suma el pago de salarios correspondientes a noviembre y diciembre, elevando el monto total adeudado a casi dos millones de bolivianos.
En el ámbito de la salud, Castillo señaló que las falencias deben abordarse junto al Gobierno nacional, ya que los recursos departamentales ya no alcanzan para cubrir todos los programas. Indicó que se busca la migración de ítems a los gobiernos municipales y al TGN, aunque hasta el momento no hubo respuesta del Ministerio de Salud a una carta enviada por la ALDT.
Respecto al proyecto de ley de nivelación salarial del personal de salud con ítems de la Gobernación, informó que fue rechazado en varias comisiones por ser insostenible, ya que requeriría más de 60 millones de bolivianos, afectando gravemente el presupuesto departamental.
Finalmente, Castillo indicó que el proyecto de Ley de Régimen Electoral Departamental aún no fue tratado, a la espera de un pronunciamiento oficial del TED, luego de observaciones realizadas por la Asamblea Regional del Gran Chaco. De no haber respuesta, el tratamiento quedará pendiente para enero, tras el receso legislativo, que inicia el 29 de diciembre por 15 días.