El Partido Demócrata Cristiano (PDC) informó que la denuncia presentada ante la Corte Electoral contra el Gobernador de Tarija, Óscar Montes, por presuntas irregularidades electorales fue evaluada por la jueza electoral Dra. María Candelaria Peñarrieta Vargas, quien determinó que las pruebas aportadas sugieren la posible comisión de delitos electorales, en particular el de coacción.
La denuncia original se sustentó en pruebas obtenidas de las redes sociales oficiales de diversos medios de comunicación de Tarija, en las que se documentaban actos del Gobernador que, según el PDC, violaban principios de imparcialidad y otras normativas establecidas para el proceso electoral en curso.
En su resolución, la jueza precisó que no se trataba de simples infracciones, sino de hechos que podrían configurar delitos. Por ello, decidió remitir el caso al Ministerio Público para la apertura de una investigación formal. En el Auto 01/2025, emitido el 24 de septiembre, la jueza indicó:
“… los hechos presentados configuran, a prima facie, el tipo penal de coacción electoral, establecido en el artículo 238 de la Ley 026, que sanciona a los servidores públicos que coaccionen, intimiden o ejerzan violencia contra sus subalternos o cualquier ciudadano para que se afilien a una determinada organización política o voten por una candidatura específica, con penas de privación de libertad e inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, deben ser objeto de investigación penal por parte del Ministerio Público.”
Con esta resolución, la autoridad electoral estableció que el caso debe seguir su curso a través del proceso penal ordinario, lo que no depende de la decisión del PDC, sino de la valoración jurídica realizada por la jueza.
Los representantes departamentales del PDC señalaron: “Queremos dejar en claro que el motivo de nuestra denuncia fueron faltas electorales observadas y difundidas públicamente por medios de Tarija. Fue la jueza, tras analizar las pruebas, quien determinó que estos actos podrían encuadrar en delitos electorales y, en consecuencia, remitió el caso a la Fiscalía. Esta no es una decisión política, sino una resolución judicial.”
JUEZA ELECTORAL: María Candelaria Peñarrieta Vargas.