Al menos 12 personas fueron citadas a declarar y existe la posibilidad de ampliar la investigación por presunto tráfico de influencias en torno a la muerte de una joven durante un concierto musical en el colegio Juan Misael Saracho, informó el fiscal departamental, Aldo Morales.
“Para hoy y mañana, están programadas aproximadamente 12 declaraciones informativas. De esos testimonios pueden surgir nuevos nombres, y eso derivará en más imputaciones y aprehensiones. Estamos en la fase preparatoria y vamos a llegar a la verdad material de este trágico hecho”, aseguró.
El hecho ocurrió la noche del 21 de septiembre, cuando una avalancha humana en medio del concierto dejó sin vida a una joven y a otra en terapia intensiva.
Entre los citados figuran docentes, padres de familia y funcionarios municipales involucrados, así como una concejal.
Entre los puntos que se investigan está la presunta intervención de una autoridad edil, quien, según versiones preliminares, habría realizado una llamada telefónica para presionar y autorizar el uso irregular del establecimiento educativo.
“Se está investigando ese tema. Presuntamente una autoridad edil habría influido para que se emita una orden irregular desde la alcaldía. Todos esos extremos serán verificados”, anticipó Morales.
Además, se analiza el rol de un funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro denunciado penalmente, tras confirmarse que autorizó el cobro de una patente municipal a los organizadores del evento sin cumplir con los requisitos legales establecidos en el reglamento para el uso de infraestructuras educativas fiscales.
La Fiscalía asegura contar con documentación clave que compromete a varias personas.
Hasta ahora, dos personas fueron imputadas: la directora de la unidad educativa y el cantante del grupo musical. El músico enfrenta medidas sustitutivas como arraigo, fianza económica y firma periódica ante el Ministerio Público, mientras la directora cumple detención domiciliaria con derecho a trabajo.
No se descarta que surjan nuevas detenciones preventivas, considerando que el evento se realizó en un espacio no autorizado y con un aforo que superó en un 300% la capacidad del local, según imágenes analizadas por los investigadores.
El caso, inicialmente abierto por homicidio culposo, ahora incluye cargos por uso indebido de bienes del Estado y uso indebido de influencias.