La medida de presión del sector salud en Tarija continúa. El piquete instalado el miércoles frente a la Gobernación ha ingresado este viernes en su segundo día, sin que se registre avance alguno en la solución al conflicto. Los trabajadores exigen la reversión del despido de 90 funcionarios y la garantía presupuestaria para 500 ítems más, que podrían eliminarse en 2026.
La secretaria de Desarrollo Humano, María Lourdes Vaca, confirmó que la Gobernación no cuenta con recursos para seguir financiando ítems en establecimientos de primer y segundo nivel. Explicó que la actual administración recibió una deuda de 3.000 millones de bolivianos, a lo que se sumó la caída de ingresos por renta gasífera. “Eso complica asumir competencias que corresponden al nivel central”, indicó.
Vaca lamentó la instalación del piquete frente al edificio gubernamental y cuestionó la afinidad política de los movilizados. “Aparentemente estas personas son aliados del MAS. Los invito a acompañarme a La Paz para exigir al Ministerio de Salud una solución al problema de los ítems”, manifestó.
En su criterio, el conflicto tiene un trasfondo político y exhortó a “algunos operadores” a no jugar con la salud de la población. Recalcó que los recortes presupuestarios obligaron a realizar ajustes en distintos sectores, pero insistió en que la atención en salud es competencia del Gobierno nacional.
Consultada sobre una posible mesa de diálogo, Vaca aseguró que el sector salud conocía desde antes la reducción de ingresos. Dijo que se coordinó con los gobiernos municipales para informar que la Gobernación ya no podía sostener estos gastos. “El único gran ausente en este conflicto ha sido el Ministerio de Salud”, afirmó.
Desde el Colegio Médico de Tarija, su presidente, Edwin Valdez, señaló que el problema responde a una falta de previsión por parte de las autoridades. “Al haber advertido la disminución de recursos, lo que podían haber hecho es la migración de los ítems sin afectar a los profesionales y sin poner en riesgo la atención en los municipios”, expresó.
Valdez también exigió la abrogación de la Ley Departamental 503, norma con la que se vienen ejecutando los despidos. Esta ley permite incluso desconocer la Ley 104, que crea y regula los 629 ítems de salud para el departamento.