La Gobernación de Tarija instruyó al Servicio Departamental de Salud (Sedes) finalizar 90 contratos de trabajadores del área de salud hasta el 31 de julio debido a la falta de presupuesto para cubrir salarios. La medida alcanza a médicos, enfermeras y personal auxiliar que prestan servicios en el sistema de salud de tercer nivel. Hasta el momento, ya se concretó el retiro de 24 personas.
La determinación generó rechazo en el sector salud, donde se anuncian protestas no solo por el retiro del personal, sino también por el bono de vacunación que no fue pagado en la fecha comprometida.
La Gobernación anticipó que esta medida se replicará en otras unidades y secretarías, al no contar con los recursos necesarios para mantener los contratos vigentes. Desde 2016, la institución departamental cubre 629 ítems de salud, de los cuales 338 están bajo responsabilidad de los gobiernos municipales.
Un informe técnico sobre la distribución de ítems reveló un déficit de personal en los hospitales de Cercado, Villa Montes y Yacuiba. En contraste, municipios como Bermejo, Padcaya, Uriondo, El Puente, San Lorenzo, Entre Ríos, Yunchará y Caraparí presentan un exceso de personal. En agosto, parte del personal será reubicado en centros con mayor demanda.
La Asociación de Municipios de Tarija (AMT) expresó preocupación por la distribución del personal e intentó gestionar una reunión con el Ministerio de Salud para abordar el tema, sin obtener una respuesta hasta la fecha. Las alcaldías reconocieron una mala asignación de recursos humanos, aunque señalaron que tampoco disponen del presupuesto suficiente para asumir el financiamiento de más de 300 ítems en sus respectivas jurisdicciones.
El Colegio Médico de Tarija cuestionó la forma en que se lleva adelante la finalización de contratos sin coordinación con las instituciones médicas, mientras se mantiene un estado de emergencia en el sector.
Según datos del Sedes, siete de cada diez médicos en el departamento dependen del Ministerio de Salud. La Gobernación explicó que sus ingresos por regalías continúan en descenso, y que el Gobierno central concentra la mayor parte de los recursos públicos, por lo que consideran necesario revisar las responsabilidades en el financiamiento del sistema de salud.