El pasado 19 de enero se cumplieron 12 años de la desaparición del periodista en Tarija, un caso que, pese al paso del tiempo, los cambios de fiscales y de gobiernos, continúa sin respuestas y permanece archivado en el sistema judicial boliviano.
Mariscal fue visto por última vez la noche del 19 de enero de 2014, cuando se encontraba en la vivienda de su expareja. Desde entonces, su paradero es desconocido, y la investigación se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de presunta negligencia, irregularidades e impunidad, según denuncian de manera constante familiares, colegas y organizaciones del periodismo.
La investigación inicial incluyó peritajes a manchas de sangre halladas en el domicilio donde fue visto por última vez. Sin embargo, el proceso quedó marcado por graves cuestionamientos, principalmente por una extraña contaminación de la evidencia, hecho que debilitó la causa y generó sospechas sobre el manejo del caso. Finalmente, en 2020, la investigación fue sobreseída, cerrándose formalmente sin responsables ni conclusiones claras.
Durante más de una década, la familia de Cristian Mariscal, junto a colegas del gremio periodístico, realizó múltiples gestiones para lograr la reapertura del caso. En enero de 2020, incluso solicitaron a la entonces presidenta Jeanine Áñez la reactivación de la investigación y el inicio de un proceso por incumplimiento de deberes contra los exfiscales Gilbert Muñoz y Pamela Ovando, quienes estuvieron a cargo del caso en sus etapas iniciales.
El caso se inició en 2014 bajo la gestión de Gilbert Muñoz como fiscal departamental y Ramiro Guerrero como Fiscal General del Estado. Posteriormente, pasaron por el Ministerio Público autoridades como Juan Lanchipa, Sandra Gutiérrez, entre otros fiscales departamentales, quienes en distintos momentos se comprometieron públicamente a impulsar la investigación. Sin embargo, ninguno logró avances sustanciales, según denuncian los allegados del periodista.
En las últimas semanas, la desaparición de Cristian Mariscal volvió a la agenda pública, luego de que carteles exigiendo justicia y la reapertura del caso aparecieran en actos oficiales del nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz, recordando que esta desaparición sigue siendo una deuda pendiente del Estado con la justicia y con la libertad de prensa.
A doce años de los hechos, el caso continúa archivado y sin responsables. Para la familia y el gremio periodístico, la desaparición de Cristian Mariscal no solo representa una tragedia personal, sino también un símbolo del fracaso del sistema judicial, de la falta de compromiso de los gobiernos y de una impunidad que se prolonga con el tiempo.
El País Tarija